El General Salvador Cienfuegos y las Fuerzas Armadas mexicanas ante la justicia estadounidense

17.01.2021

En octubre de 2020, la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) detuvo en Estados Unidos al General Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional de la administración de Enrique Peña Nieto, por su probable participación en el tráfico de drogas al proteger a una escisión del Cártel de los Hermanos Beltrán Leyva favoreciendo su expansión en territorio estadounidense y dirigiendo operativos militares en contra de los rivales de esta agrupación del crimen organizado.

Ante ello, por instrucción del Presidente Andrés Manuel López Obrador, debido a que el Gobierno Federal no fue notificado por la DEA sobre las investigaciones en contra del General Cienfuegos, el Canciller Marcelo Ebrard echó mano de la política exterior y de la diplomacia del Estado Mexicano para exigirle al Embajador Cristopher Landau y al Fiscal General William Barr una explicación de lo acontecido amenazando con expulsar a los agentes estadounidenses que se encontraran realizando trabajos de inteligencia dentro de suelo nacional. En consecuencia, en noviembre del mismo año, el Departamento de Justicia desestimó los cargos penales de Estados Unidos contra el ex Secretario Cienfuegos, en virtud de que este fuera juzgado y, en su caso, imputado conforme al marco jurídico mexicano.

Sin embargo, en días recientes también la Fiscalía General de la República (FGR) manifestó que exoneraría al General Cienfuegos «luego de concluir que este nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada por las autoridades norteamericanas y que tampoco sostuviera comunicación alguna con ellos, ni realizara actos tendientes a ayudar a dichos individuos quedando en libertad y sin acusaciones en ambos lados de la frontera». Es por esta serie de circunstancias que considero lo siguiente:

Las Fuerzas Armadas en México tienen a su cargo más de 30 tareas encomendadas por la 4T, fuera de las constitucionales. Estas versan desde la Seguridad Pública, hasta la construcción de hospitales y de las obras emblemáticas del Gobierno Federal: el Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía y la Refinería de Dos Bocas. Destaca también la venta del avión presidencial, la vigilancia de programas sociales, de puertos, de aduanas, de sucursales del Banco del Bienestar, repartición de libros de texto gratuito, combate al COVID-19, distribución de combustibles, entre otras. Es decir, las Fuerzas Armadas son el brazo derecho del Estado y dan sustento al régimen actual.

El General Salvador Cienfuegos fue responsable de la Seguridad Nacional del periodo de 2012 a 2018 y tuvo a su mando los ascensos del personal en la escala jerárquica militar. Asimismo, destaca su dirección sobre el Heroico Colegio Militar, de 1997 al año 2000, universidad castrense de la que emanan los altos mandos del Ejército Mexicano.

Por tanto, el hecho de que Estados Unidos y la FGR hayan retirado los cargos al General Cienfuegos responde, por un lado, a la presión de las Fuerzas Armadas sobre la figura presidencial de López Obrador para liberar a su líder. Y por otro, a que tanto el Presidente de la República, como los principales partidos políticos del país, respaldan a estas frente a Estados Unidos y les brindan protección en la disputa que mantienen contra las drogas y el crimen organizado, o de lo contrario el poder militar abandonaría dicha labor.

Para la 4T enjuiciar al General Cienfuegos significaría reconocer a nivel internacional que el aparato castrense (Ejército, Marina, Fuerza Aérea y Guardia Nacional), dependencia gubernamental que goza de mayor prestigio y confianza ante la sociedad, está penetrado por el narcotráfico dando pauta quizá, en un mediano plazo, a una intervención geopolítica de Estados Unidos en territorio nacional ante la nula respuesta de las autoridades mexicanas. Incluso la misma estrategia de seguridad actual se vendría abajo porque es encabezada por militares, que, en su momento, fueron dirigidos por el General Cienfuegos, entre ellos el actual Secretario de la Defensa Nacional, el General Luis Crescencio Sandoval.

En ese sentido, el Estado Mexicano quiso hacer notar que, pese a todas las implicaciones, goza de soberanía y no permitirá que dependencias como la DEA tengan injerencia en asuntos de la política interna del país, al grado de modificar la Ley de Seguridad Nacional para garantizar transparencia en actividades extranjeras de inteligencia. No obstante, la perspectiva es diferente: se aprecia la nula voluntad, en particular ahora de la 4T, para enfrentar a los cárteles del narcotráfico y perseguir a la red política, militar y empresarial que le da cobijo. Lo pertinente hubiera sido que en México se enjuiciara al General Cienfuegos, tal y como se pretendía, pero el Ejército es un poder fáctico dentro del Estado.

Si la 4T desea combatir al narcotráfico será oportuno que, como Miembro No Permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, México fortalezca la cooperación internacional en la materia, sobre todo con las naciones de Centroamérica. De la misma forma, el Gobierno Federal pensará en replantear la agenda de seguridad con Estados Unidos aprovechando la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca enfrentando el problema en un esquema de responsabilidad mutua.

Por último, habrá que prestar atención al papel que la justicia mexicana, en concreto la FGR, juega como poder independiente puesto que a la fecha parece estar subordinada al Ejecutivo Federal y tampoco se cuenta con órdenes de aprehensión en contra de los integrantes de la delincuencia organizada y de manera paradójica, el Estado busca invertir recursos en zonas de producción de estupefacientes ilegales a través del programa social "Sembrando Vida", por ejemplo: en el Triángulo Dorado, zona de cultivo de marihuana y amapola.